Cuesta $ 5600 millones el régimen de Tierra del Fuego

Lo calcula un informe del Cippec sobre los impuestos que dejará de recibir el Estado este año

El modelo de promoción industrial de Tierra del Fuego, además de tener un aporte "hasta el momento menor en términos de demanda de empleo, creación de conocimientos y generación de productividad", significa un costo millonario para las cuentas públicas y ha provocado que el déficit comercial de la isla crezca año tras año, lo que adquiere una mayor relevancia en un entorno como el actual, con cepo cambiario y restricción de las importaciones.

Ésa es la rotunda conclusión de un estudio sobre el "polo tecnológico" de Tierra del Fuego, presentado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

Además de cuestionar los supuestos méritos del programa en lo referente a sustitución de importaciones, el análisis -elaborado por Lucio Castro, director del Programa de Integración Global y Desarrollo Productivo del Cippec, y Eduardo Levy Yeyati, director de Elypsis- destaca el costo fiscal de ese régimen, que se inició en 1972, con la promulgación de la ley 19.640 -que exime a las empresas industriales radicadas en Tierra del Fuego del pago de IVA, Ganancias y aranceles para los insumos importados-, y que fue fortalecido en 2009 (con la ley 26.539), cuando se bajó el IVA a los productos electrónicos de la isla para su venta en el territorio nacional y, a la vez, se aumentaron el IVA y los aranceles a los bienes importados que les hicieran competencia.

Estas ventajas tributarias representan un costo para el Estado por los ingresos que deja de percibir. En 2012, según el estudio, "se destinarán al régimen fueguino cerca de 5600 millones de pesos del presupuesto nacional, o casi 50% de los esfuerzos de promoción económica para todo el país".

Alejandro Mayoral, presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), además de asegurar que no todo ese costo corresponde a las empresas de su rubro, destacó la importancia del régimen de promoción industrial para la defensa de la soberanía territorial.