El ministro de Trabajo Jorge Triaca enviará esta semana al Congreso de la Nación un proyecto de reforma laboral cuya base está centrada en una iniciativa que elaboró a principios de año el secretario de Empleo Miguel Ponte. Más allá de los acuerdos sectoriales que firmó el Gobierno -el primero fue el de Vaca Muerta en enero pasado y el último el firmado ayer con el sector lácteo-, se está preparando un fuerte golpe a la industria del juicio laboral y un cambio con respecto a lo ocurrido en la jurisprudencia en materia laboral desde fines de los 90 hasta la fecha. Según pudo saber Infobae, en la reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso habrá un cambio en la definición del concepto de salario del trabajador. Dicho de otra forma, se buscará separar el salario de los beneficios que otorga el empleador a un trabajador. "La Ley de Contrato de Trabajo establece como definición que el salario es toda aquella remuneración en contraprestación por un trabajo, pero la misma se ha ido deformando y ha incorporado beneficios que otorga el empleador que no forman parte de ese salario. Entonces, el trabajador cuando inicia un juicio contra un empleador puede reclamar además del salario propiamente dicho por muchos conceptos más como la prestación de la medicina prepaga, la utilización de un teléfono celular, del auto que le da la empresa y eso provoca que los juicios laborales lleguen a cifras astronómicas que pueden llevar a la quiebra de la empresa", manifestó a Infobae un funcionario del Gobierno.